Restringir la movilidad entre departamentos repercute en la vida de la Comunidad Nueva Esperanza, Baja Verapaz
Por Andina Ayala
La restricción presidencial para que las personas no se movilicen entre departamentos fue una medida impuesta desde el 4 de abril, y volvió a aprobarse el 12 abril, pero tiene graves efectos en la vida de las personas cuyos centros económicos o de salud no quedan dentro de sus propios departamentos.
Ya sea por trabajo, comercio, o por la salud, las comunidades de Nueva Esperanza y Monte Blanco en Purulhá, Baja Verapaz, tienen que movilizarse al centro de La Tinta en Alta Verapaz. “En mi comunidad hay tienditas, pero no hay de todo, explicó don Eduardo Choc, quién estuvo la mañana del jueves 16 de abril junto a otras 100 personas en donde se ubica el puente Matacuy, pidiéndole a los agentes de la policía municipal y militares que los dejen pasar.
El pasado jueves 16 de abril, 100 vecinos de dichas comunidades solicitaron pasar por el puente Matucuy, que utilizan normalmente para llegar a La Tinta. Son 1200 familias en Monte Blanco y 195 familias de Nueva Esperanza, quienes históricamente se han trasladado por allí, ya que buscar sus productos en Purulhá, les lleva seis horas de camino.
“Estamos respetando la ley, pero tenemos necesidad, y no dan paso, tenemos que caminar. Ya saben ellos que somos de Baja Verapaz, por eso no nos dejan pasar“, agregó Choc, quién además es defensor de la salud de su comunidad y forma parte de la Comisión para el derecho a la salud.
Nueva Esperanza, no cuenta con un mercado ni con un puesto de salud, tampoco hay una farmacia. Llegar a La Tinta, les toma una hora y la movilización en un picop les cuesta Q20 más otros Q5 que siempre les cobran al cruzar el puente.
Prevención por el COVID-19
Al preguntar por las medidas de prevención en la comunidad, Eduardo Choc, comenta con preocupación que ni mascarillas ni alimentos han llegado del Gobierno. “Hay unos en la comunidad que usan mascarilla, pero fue por gente que llegó a venderles a Q10”.
Recuerda que desde el 26 marzo, se instalaron seis policías de la municipalidad de La Tinta y dos miembros del Ejército, quienes vigilan que la gente no pase. Los vecinos fueron regresados a sus hogares pero insistirán en que les otorguen el paso.
