La Fiscal General pide una nueva resolución a la CC para elegir a magistrados de altas Cortes
Por Simón Antonio Ramón
A los seis días de que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolviera otorgar el amparo definitivo a Consuelo Porras, Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), la interponente pidió sorpresivamente la anulación de la resolución emitida el 6 de mayo y que se emita una nueva resolución sobre la misma causa.
La resolución de la corte de lo constitucional se hizo pública después de la revelación del caso Comisiones Paralelas II, donde se negoció la conformación de las nóminas de aspirantes a magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones del período 2019–2024,
El MP interpuso el amparo el 24 de febrero de 2020, sobre el mismo caso se presentaron otros amparos, como el de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) Oliverio Castañeda De León, de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) presentado el 20 de febrero; el de la Acción Ciudadana el 25 de febrero; y la Fundación Myrna Mack el 27 de febrero; las cuatro acciones piden la anulación y repetición total del proceso para rescatar la legitimidad de la elección.
Pruebas para aclarar el proceso
En el memorial presentado por la fiscal Porras el 12 de mayo, las y los magistrados de la CC debieron resolver a partir de un memorial que en el ámbito jurídico se le conoce con el nombre de “auto para mejor fallar”, presentado a las 22 horas del 4 de mayo, dos días antes que la Corte emitiera su fallo. La acción legal es una facultad de los tribunales y los jueces para solicitar que se practiquen pruebas específicas que puedan aclarar algún punto dudoso en un proceso. La faculta a los tribunales y jueces de no tener la obligación de tomar en cuenta la información planteada en este instrumento legal al momento de emitir su fallo.
En el auto para mejor fallar, el MP concentró entrevistas y oficios escritos por la primera vicepresidenta del Congreso, Sofía Hernández, del partido político Unión del Cambio Nacionalista (UCN); Hellen Ajcip, diputada de Visión con Valores (Viva); y Federico Carrillo, director administrativo del Congreso; también de la jueza María Eugenia Castellanos, del magistrado Romeo Monterrosa, del abogado Juan Carlos Godínez, y de Dennis Billy Herrera Arita.
Las pruebas incorporadas, según Porras, tienen relación con supuestas reuniones realizadas en un hospital privado de la zona 2, de la ciudad de Guatemala, con Gustavo Alejos Cámbara, donde se presume se negoció la integración de las nóminas de las altas cortes que fueron enviadas al Congreso. La investigación de la FECI sobre el caso Comisiones Paralelas II, reveló que Alejos Cámbara acusado de cinco casos de corrupción evadió las medidas seguridad del Sistema Penitenciario (SP).
El abogado José González, de la organización Impunity Watch, en su participación en el foro virtual “El futuro de la elección de Cortes en Guatemala” difundido el 13 de mayo, se refirió sobre la nueva petición de la Fiscal General a la CC, argumentando “hay una sentencia emitida, es cosa juzgada”. “Lo que me parece que el Ministerio Público y la fiscalía general deberían hacer es estarse ocupando en la agrupación, la sistematización de la información y la construcción, para dar cumplimiento y garantizar el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad”, afirmó.
Los otros amparos
Los otros tres amparos coinciden con las peticiones del MP, los documentos advierten sobre la amenaza de que el Congreso pueda elegir a personas que no cumplan con los requisitos de idoneidad, honorabilidad y honradez que establece el artículo 113 de la Constitución. En las peticiones de la Fiscalía, Acción Ciudadana y la AEU piden la anulación y repetición total del proceso para rescatar la legitimidad de la elección. Mientras la Fundación Myrna Mack propone que los dpitados depuren las nóminas que recibió de las comisiones de postulación con base en los requisitos de capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad que se establecen en los artículos 113 y 207 de la Constitución.
“La FMM pidió que el Congreso excluya de la nómina a los candidatos que estén implicados en el caso comisiones paralelas 2020, con conflicto de interés, con impedimentos presentados por la sociedad civil, con impugnaciones pendientes, candidatos que enfrentan un proceso penal, con base en los criterios del amparo, el Congreso debería excluir al menos a 64 aspirantes de las nóminas actuales”, apuntó el Observatorio de Independencia Judicial, integrado por las organizaciones sociales de Impunity Watch, el Instituto de la Judicatura y la Plataforma Internacional contra la Impunidad, en su publicación el 13 de abril.
“De los otros amparos es complicado ver un panorama distinto, puesto que los alegatos que plantearon en al menos tres de los amparos eran exactamente iguales, pues lo que resuelva la Corte de Constitucionalidad respecto a las solicitudes de los otros amparos no se espera algo distinto dentro de esta circunstancia”, razonó González al referirse a los otros tres amparos que no fueron mencionados en la resolución.
Además, la jefa del MP y la junta directiva del Congreso han presentado recursos de aclaración y ampliación, ante la CC para que explique los vacíos que consideran que existe en la resolución.
