Guatemala prepara protocolo de deportación ante nueva Caravana Migrante
A un mes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, una nueva caravana de migrantes hondureños podría emprender una nueva travesía el próximo 1 de octubre desde San Pedro Sula, Honduras, que pasaría por Guatemala, donde se podría implementar un Sistema de Alerta Temprana que motiva a los pobladores de las zonas fronterizas reportar la presencia de migrantes que hayan ingresado por puntos ciegos para deportarlos.
Por David Toro
A través de diversas redes sociales y chats de WhatsApp se está convocando a conformar una nueva caravana de migrantes que tendría como punto de salida la Central Metropolitana de San Pedro Sula, el próximo 1 de octubre a las 4:00 de la mañana. Ese mismo día, la caravana podría llegar a la frontera de Agua Caliente, entre Esquipulas, Guatemala; y Nueva Ocotepeque, Honduras.
Desde octubre de 2018, enero de 2019 hasta enero de 2020, las tres caravanas centroamericanas de migrantes se hicieron visibles para los Estados y la población en general, cuando cientos de personas, entre ellas madres solteras empujando los carruajes de sus pequeños hijos, personas en sillas de ruedas, ancianas y ancianos, niñas y niños sin sus padres o madres y jóvenes cargando mochilas con sus pocas pertenencias, atravesaban a pie un trayecto de más de 4 mil kilómetros para cruzar las fronteras de Guatemala, México y Estados Unidos.
Las personas integrantes de esas caravanas contaron historias de olvido institucional, extorsiones, hambre y violencia, como parte de una realidad de la que huían buscando una mejor oportunidad de vida en Estados Unidos. Esos éxodos de personas estigmatizadas por su origen, se convirtieron en el referente de caravanas de desplazados.
Luego de dos años de la primera caravana, del sensacionalismo mediático y de las promesas incumplidas por parte de los Gobiernos regionales, los motivos que obligaron a miles de personas a emprender el viaje a Estados Unidos se han agravado por la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus, que ha complicado el reto de sobrevivir en alguno de los tres países al norte de Centroamérica.
Durante la pandemia de la COVID-19, Honduras registró 75 mil109 contagios y más de 2 mil muertes; a pesar del riesgo de contagio las personas han tomado la decisión de huir de su país porque no han encontrado beneficios socioeconómicos para sobrevivir.
Según explicó George Redman, representante de Oxfam Honduras, en una entrevista con la agencia EFE difundida el 26 de septiembre, se calcula que alrededor de 1.6 millones de personas del corredor seco hondureño sufren inseguridad alimentaria y aquellos que dependen de la economía informal en zonas rurales quedaron a la deriva sin ingresos durante cuatro meses consecutivos por la pandemia.
Un sistema de alerta que delata a los migrantes
El 24 de septiembre el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), anunció que su director Guillermo Díaz se había reunido con los gobernadores guatemaltecos de Izabal y Chiquimula para definir el protocolo a seguir en caso de la llegada de una nueva caravana de migrantes al país a principios de octubre.
Según el IGM, el “Protocolo de Alerta Temprana”, que aún no está ratificado, consiste en que los ciudadanos guatemaltecos que viven en zonas fronterizas pueden “reportar” a la gobernación departamental la presencia de migrantes, para que la Policía Nacional Civil (PNC), coordine junto al IGM el traslado de esas personas al albergue de migración donde se decidirá sobre su situación en caso hayan ingresado por puntos ciegos sin realizar el trámite de entrada al país en una aduana.
Para Álvaro Caballeros, coordinador del Área de Migración del Instituto de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas (IDEIPI) de la Universidad de San Carlos (USAC) ese protocolo otorga a los ciudadanos atribuciones que no les corresponden. “Me parece un protocolo que da facultades a los ciudadanos que no les corresponden, las comunidades en lugar de estar reportando el paso de personas migrantes para que sean detenidos, deberían ser incluidos en programas para mejorar la inversión de remesas y difundir los derechos humanos de quienes transitan por estas zonas”, añadió Caballeros.
Asimismo, Caballeros resaltó que “es preocupante que el nuevo protocolo tenga un enfoque de seguridad. No creo que funcione si se llegara a aplicar en medio de un éxodo masivo como una caravana”, opinó.
Durante los últimos cinco años se ha observado a la PNC intervenir en la movilidad de los migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades cuando transitan por territorio nacional, pero según el código migratorio aprobado en 2016, en su artículo 167, la intervención de la policía solo se justifica en caso de una solicitud del IGM, pero no pueden detener a cualquier migrante, a menos que se logre comprobar un rompimiento de los protocolos migratorios o incluso para garantizar la seguridad e integridad de los migrantes y sus bienes.
“Con la creación de las llamadas Fuerzas Especiales de la PNC, que en teoría fueron creadas para el control de trasiego de cosas licitadas, sabemos que también se ha usado para detener a personas migrantes que ingresan de forma irregular, de manera individual o en caravana. Me preocupa la situación de una posible caravana y el control migratorio que se pueda dar porque hay una enorme mentalidad de control y estigmatización contra los migrantes durante estos días de pandemia”, advirtió Julia González, coordinadora de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (Menamig).
Una caravana en las vísperas de elecciones en EEUU
Según Juan Luis Carbajal, director de la Pastoral de Movilidad Humana, resulta llamativo y hasta “curioso” que surja una convocatoria a conformar una caravana cuando faltan cuatro semanas para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. “Un movimiento masivo de centroamericanos en este momento puede ser utilizado para que Donald Trump de impulso a su discurso de fortalecer el muro y ganar votantes”, dijo Carbajal.
El entrevistado hizo un llamado para que los migrantes no se dejen engañar “por intenciones políticas que puedan estar detrás de la convocatoria”, indicó el director de la pastoral.
Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se tienen previstas para el el martes 3 de noviembre, donde el actual presidente Donald Trump buscará la reelección por el partido Republicano.
Trump recientemente recibió un golpe a su imagen pública cuando el medio de comunicación “Times” reveló que en los últimos años el presidente no había pagado más de $750 millones anuales en impuestos, y además no pagó el Impuesto Sobre la Renta durante un periodo de entre 10 a 15 años.
Luego de las enormes caravanas de migrantes del 2018, Trump reforzó su discurso antimigratorio e impulsó los convenios de tercer país seguro como el que firmó en julio del 2019 con el Gobierno del expresidente guatemalteco Jimmy Morales, que le permitió hasta marzo de 2020, enviar a Guatemala a cientos de migrantes salvadoreños y hondureños que solicitaban asilo para que desde aquí pudieran continuar el trámite.
Caballeros también refirió que la caravana puede ser aprovechada por el contexto electoral en Estados Unidos, “hemos podido constatar en los últimos dos años que las caravanas lamentablemente han sido utilizadas para que Estados Unidos refuerce sus políticas migratorias con enfoque de seguridad nacional, como reducir las posibilidades de asilo y cancelar programas en favor de niños y mujeres migrantes”, precisó.
Si la caravana se concreta este año debido a la pandemia de la COVID-19 las casas del migrante de Petén, Esquipulas y ciudad de Guatemala no podrán ofrecer un servicio completo, y se conoció que solo podrían entregar un kit sanitario, comida y servicio de baño, pero no podrán albergar a grandes cantidades de personas por razones sanitarias, “en un caso extremo buscaremos habilitar espacios al aire libre para pernoctar”, indicó Carbajal.
De concretarse, este constituiría el tercer intento que realiza la caravana de migrantes en el 2020, el primero surgió en enero, pero el 20 de ese mes fueron reprimidos por la Guardia Nacional Mexicana en la frontera de Tecún Umán, cuando unas cuatro mil personas en su mayoría hondureños intentaron cruzar el Río Suchiate hacia Ciudad Delgado; la mayoría de personas fueron deportadas, mientras que en julio del presente año en medio del punto alto de contagio de COVID-19 en Centroamérica surgió una convocatoria de caravana que no logró concretarse y unas 20 personas fueron detenidas en San Pedro Sula en su intento por llegar a la frontera guatemalteca.
