En el tercer mes del Gobierno de Giammattei se registran 19 agresiones contra periodistas
Por Simón Antonio Ramón
Desde que se declaró el estado de calamidad pública en Guatemala, el 5 de marzo, y que a partir del sábado 14 de marzo el Gobierno restringió la movilidad masiva de la población por la crisis de la COVID-19, las y los periodistas que siguen las actualizaciones sobre este tema han enfrentando 19 hechos donde se les restringió a las fuentes de información y agresiones verbales y físicas, amenazas e intimidaciones en las municipalidades, el Gobierno y el Congreso de la República.
Cada uno de los casos han sido denunciados por las y los periodistas en las redes sociales de las cuentas oficiales de sus respectivos medios de comunicación. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) recibió siete denuncias relacionadas con el tema, según el monitoreo realizado a través de las delegaciones departamentales y la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG). Estás violaciones fueron denunciadas por medio de comunicados de prensa sobre cuatro casos en un mismo número de departamentos.
Los hechos
Las denuncias de las y los periodistas registraron que en 11 ocasiones se les restringió acceso a las fuentes de información, como lo ocurrido el 19 de marzo en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) donde la vocera Ana Lucía Gudiel deshizo el grupo de la aplicación de mensajería Whatsapp, donde estaban 130 periodistas de distintos medios de comunicación tanto nacional e internacional. A raíz de las denuncias de los periodistas se creó otro grupo donde se excluyó a 32 comunicadores.
En el Congreso de la República se restringió el acceso de periodistas a las sesiones plenarias del jueves 2, sábado 4 y domingo 5 de abril, solo se permitió el acceso a fotógrafos y camarógrafos.
Se denunciaron también doce casos de intimidación, agresiones verbales y amenazas como las ocurridas con el alcalde Saúl López Escalante, del municipio de Monjas, Jalapa, que intimidó por redes sociales al canal Alfa TV y Canal 25, negando dar declaraciones a los periodistas Alex Castillo y Antony Marroquín, del canal local. Al terminar una reunión de alcaldes del departamento que se realizó en Jalapa, el 31 de marzo, López Escalante agredió a los dos periodistas y su guardia de seguridad los amenazó con arma de fuego, según denunció la APG.
También se denunciaron agresiones físicas en la Gobernación Departamental de Mazatenango, Suchitepéquez. Cuando el jefe de recursos humanos agredió al periodista Roberto Hernández, del Canal 23, cuando esperaba una entrevista con el gobernador Luis Sam Maldonado.
Los lugares
De los hechos denunciados, diez ocurrieron en el departamento de Guatemala, tres en el departamento de Quiché, dos en Chimaltenango un hecho registrado en los departamentos de Quetzaltenango, Jalapa, San Marcos y Suchitepéquez.
En siete casos se denunció al Gobierno. Las instituciones reportadas por los periodistas son el MSPAS, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y el presidente Alejandro Giammattei; cinco casos en las municipalidades de Uspantán y Nebaj, Quiché, Quetzaltenango, Jalapa y San Juan Comalapa y Patzún, Chimaltenango; las tres sesiones del Congreso donde no dejaron ingresar a periodistas al pleno; una denuncia contra autoridades comunitarias en Nebaj y una de usuarios en redes sociales y pobladores de Patzún, Chimaltenango y una denuncia contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el departamento de San Marcos.
Poca información con problemas desde su origen
Ruth del Valle, defensora de periodistas de la PDH dijo que “las acciones de las personas en las instituciones públicas generan un mensaje adverso a la población, sobre todo cuando estamos en un momento en el que se requiere mucha información apropiada sobre lo que esta ocurriendo”.
Del Valle Informó que las razones que llevaron a la PDH a plantear un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) se debió a las restricciones a las sesiones del Congreso del 2 de abril. “Ahí no solo se estaba negando información a los periodistas, sino también a la población, además el artículo 30 de la Constitución habla que todo acto de las instituciones debe ser público, por lo tanto no solo coartan los derechos de los periodistas sino también de la población, con el amparo se buscó minimizar la desinformación”, añadió.
Para Isabel Juárez, docente universitaria y periodista, la estrategia de comunicación gubernamental es violenta. “Es una situación difícil, la comunicación del Gobierno se tornó muy agresiva y va en escalada y pone en riesgo la vida y dignidad de las y los periodistas”.
La periodista Juárez sostiene que la agresión contra periodistas es una forma de justificar sus equivocaciones. “Hay un mal manejo de la información, su transmisión es nefasta, sin coherencia, sin estrategia, y cansada. Busca manipular a la población culpando a la prensa por los problemas de origen sobre el mal manejo a la crisis”.
En distintos gobiernos la relación con la prensa no ha sido siempre la más cordial, en noviembre de 2019 la PDH condenó al expresidente Jimmy Morales por sus constantes agresiones, y con el cambio de administración desde el gremio periodístico se esperaba que las agresiones cesaran, a pesar de ello en el tercer mes del Gobierno de Alejandro Giammattei se registraron 19 casos de agresiones contra periodistas.
