En contra del interés común, Giammattei no aprueba la suspensión de cortes de servicios básicos durante la pandemia
Por David Toro y Simón Antonio
Se terminó la incertidumbre sobre el decreto 15–2020, el presidente Alejandro Giammattei decidió vetarlo y no garantizar que los servicios de electricidad, agua, cable, teléfono e internet no sean suspendidos a la población durante los meses que dure la crisis provocada por la pandemia.
El presidente Giammattei, excusándose que el decreto 15–2020 no específica a que sector de la población va dirigido la garantía de no corte de servicios básicos durante los próximos tres meses y alegando que “promover el desarrollo económico es una garantía constitucional”, decidió no aprobar la iniciativa que fue aprobada en el Congreso el tres de abril de 2020.
“Veté el decreto, no la intención”, dijo Giammattei en una breve cadena nacional la tarde de este miércoles 29 de abril. En su lugar, dijo, envió una nueva propuesta al Congreso porque según el análisis que el gabinete realizó había inconsistencias legales. Giammattei tardó más de dos semanas para tomar una decisión sobre un decreto que podría haber evitado que muchas personas se queden sin servicios este fin de mes.
En la calles de Guatemala, desde hace más de 15 días, cientos de personas han colgado banderas blancas en sus casas como señal de que necesitan alimentos, más del 60% de la población sobrevive laborando por cuenta propia sin garantías laborales y una crisis sanitaria de la magnitud de la que se vive en el país no les permitirá a muchos cancelar a tiempo los servicios de agua, electricidad, teléfono, cable e internet.
Aunque si bien es cierto, en muchas partes del país los servicios básicos no han sido una garantía incluso antes de la pandemia, pero la COVID-19 ha resaltado los problemas de desigualdad que enfrenta la población, por ejemplo en la colonia Alameda III en la zona 18 de la capital, “los recibos de agua vienen puntuales, pero nosotros hace mucho tiempo que no tenemos ni una gota de agua” como manifestaron vecinos de este sector hace tres semanas.
“El Congreso debe conocer el veto y los diputados deben publicar el acuerdo”
El diputado Walter Félix, jefe de la Bancada de la Unión Revolucionaria Guatemalteca (URNG), declaró que los argumentos del presidente deben ser analizados con calma y que ahora que él decidió vetarlo una opción es conocer como prioridad el veto en la sesión parlamentaria del 30 de abril y proponer que el Congreso use sus facultades para publicar el decreto o realizarle los cambios correspondientes.
“Se debe analizar los planteamientos que ha hecho el Ejecutivo y determinar si algunos son válidos y razonables o si es una forma de evadir la responsabilidad de sancionar y promulgar (…) una condición que hemos puesto al presidente para apoyarlo con la ampliación del estado de calamidad es que informe qué medidas va a tomar realmente para acelerar la entrega a la población de los fondos aprobados”, destacó Félix.
“El presidente antepone el interés del sector económico”
La diputada Sonia Gutiérrez, jefa de la Bancada Winaq, aseguró que “una vez más el presidente ha antepuesto el interés del sector económico, vulnera a la población guatemalteca. Sus argumentos los hemos estado analizado y no creemos que sean sustantivos, no le compete al Ejecutivo establecer la inconstitucionalidad de un decreto; nosotros esperamos que con 107 votos en el Congreso logremos sancionar lo que el presidente vetó”.
La diputada Gutiérrez también opinó que el panorama a corto plazo es desalentador, “la población ya comienza a ver la situación complicada, primero, porque se están quedando sin dinero para pagar los servicios y segundo porque ya no hay dinero para la alimentación y el Ejecutivo tiene responsabilidad en esto”.
¿El decreto 15–2020 tiene errores?
El presidente Giammattei aseguró que se podría caer en una inconstitucionalidad si el decreto era aprobado tal y como fue enviado a sus manos; porque no delimita quienes serían los beneficiaros, qué empresas concretamente deberán acataran el no cobro de los servicios y la temporalidad.
Para Eddie Cux, presidente de Acción Ciudadana (AC) el decreto 15–2020 tenía errores de forma y no de fondo “con la nueva propuesta que el presidente envía al Congreso se beneficia intereses particulares, como aprobar un fondo de Q45 millones para la Municipalidad de Guatemala. Se le quita los servicios básicos a la gente cuando se están quedando sin trabajo (…) el presidente tardó 15 días para pronunciarse”, remarcó.
A criterio de Cux el 30 de abril los diputados deberían usar la “supremacía constitucional” y volver a aprobar el decreto original y publicarlo en el Diario Oficial.
Era predecible que vetaría el decreto 15–2020
Una semana antes de que el presidente Giammattei vetara la ley, su ministro de energía y minas, Alberto Pimentel declaró en una citación con la bancada de la Unidad de la Esperanza (UNE), que aprobar este tipo de decretos “propiciaban la cultura del impago”.
El presidente Giammattei ya había publicado en el Diario Oficial los decretos que dieron vida a los préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que aprobó el Congreso para la ampliación presupuestaria que el mandatario sugirió y el único decreto cuyo contenido convierte en beneficiario directo a la población más necesitada fue excluido.
A finales de marzo el Gobierno respaldó al sector empresarial organizado en los primeros días de la crisis, cuando habían propuesto que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) se encargara de los sueldos de los trabajadores afiliados durante la emergencia; a pesar de ello, la junta directiva del IGSS se opuso a la propuesta por estar fuera de las funciones de la institución.
