El pueblo q’eqchi’ se enfrenta a Renace, una hidroeléctrica construída por la multinacional española ACS, para recuperar el acceso libre al río Cahabón
“¿Dónde está el agua, Florentino?”
Por Élia Borrás y Augusto Magaña
“¡Mire, ahí va el río, entubado! ¡Es una mierda! Allí es pura piedra, ¡mire! Por ahí va el agua en los túneles del Florentino”, grita la líder indígena Ana Rutilia Ical mientras le caen las lágrimas detrás las concertinas que prohíben el acceso al río Cahabón. Un río que ya no es un río. Al menos en este tramo de su caudal, donde el agua pasa por unos canales de cemento que agujerean las montañas de San Pedro Carchá, un municipio de la zona central de Guatemala. Aquí el color turquesa que caracteriza el Cahabón no existe. Desde la distancia, sólo se distinguen piedras de color marrón.
En el trayecto de cuatro horas en pickup que lleva desde el casco urbano hasta la última de las comunidades del municipio se pueden ver, una tras otra, distintas construcciones de cemento y metal que sacuden el paisaje verde y frondoso de estas montañas. Es el complejo hidroeléctrico Renace, el más grande del país y uno de los más grandes de Centroamérica. Cuatro presas en cascada a lo largo de más de 30 km que desde el 2011 construye el Grupo Cobra, filial de ACS, la empresa del magnate español Florentino Pérez.
“Hay una crisis de agua aquí”, apunta Ana Rutilia Ical, licenciada en derecho, profesora universitaria, defensora de los recursos naturales y maya q’eqchi’, uno de los más de veinte pueblos indígenas que conviven en el Estado guatemalteco. Ical ha quedado de reunirse hoy en Pansamalá con los líderes de distintas comunidades para explicarles el amparo que presentó el 2017 contra la construcción de Renace. Lleva buenas noticias: el pasado 4 de julio la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio la razón a Ana Rutilia y exigió al Gobierno de Guatemala que consultara a las comunidades q’eqchi’ del área de influencia del complejo hidroeléctrico si están de acuerdo o no con que la empresa trabaje en la zona, tal y como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este tratado internacional deja claro que los Estados deben consultar a los pueblos indígenas, según sus normas y costumbres, para obtener su “consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”. Es decir, que las empresas deben pedir permiso a los pueblos indígenas para instalar cualquier proyecto que se desarrolle en su territorio. La CSJ dictaminó que en el caso de Renace esto no se cumplió, pero aún así permitió que la hidroeléctrica siga funcionando. Una decisión que la defensora q’eqchi’ ha decidido recurrir ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
“Nosotros cuando planteamos el amparo, pedimos que se suspendieran los proyectos hidroeléctricos porque se había vulnerado el derecho del pueblo q’eqchi’”, subraya Ical. La CSJ, sin embargo, argumentó que la empresa había desarrollado programas sociales para las familias del municipio y para la reforestación y el mejoramiento del medio ambiente. Pero según la líder q’eqchi’ estos proyectos “no recompensan el valor de la destrucción”, pues “se ha destruído totalmente el Cahabón”.
El camino de piedras que va hacia Pansamalá se adentra entre la montaña y pasa por el medio de plantaciones de maíz, café y cardamomo. Ical pide al conductor del pickup en que viajamos que se detenga: quiere que veamos el río Okebá, un afluente del Cahabón que pasa por aquí y que está prácticamente seco. A lo lejos, una mujer y un hombre intentan lavar la ropa en una pequeña poza que se ha hecho entre las piedras del caudal. El agua que baja por el río es muy poca, tomando en cuenta que estamos en temporada de lluvias. Más adelante en el camino llegamos a lo que parece el centro de una comunidad. Hay una iglesia, una pequeña plaza y una escuela con un cartel que pone “este proyecto fue construido por Renace”.
Pasamos frente a un árbol gigante alrededor del cual hay un grupo de hombres que fijan su mirada al vernos pasar. “Aquí es mejor que no los vean. Suban las ventanillas”, dice Ana Rutilia, al mismo tiempo que se tapa el rostro con la mano. La líder q’eqchi’ explica que aquí la empresa ha construido la escuela y ha hecho proyectos sociales para convencer a los habitantes de la zona para que estén a su favor. De hecho, uno de los representantes de esta comunidad presentó un amparo ante la CSJ, pero en el sentido contrario que el que presentó Ana Rutilia: defendiendo los proyectos y la actividad de Renace.
Un río entubado en territorio q’eqchi’
El proyecto hidroeléctrico de Recursos Naturales y Celulosas (Renace) comienza a gestarse a principios de la década de los noventa, como una iniciativa de la familia Arimany, los principales productores de papel del país. Pero no toma forma hasta que se involucra la Corporación Multi Inversiones (CMI), el grupo empresarial más importante del país, con presencia en más de catorce países de tres continentes y los actuales propietarios del complejo hidroeléctrico.
La CMI se dedica a sectores tan diversos como la alimentación (son los dueños de la principal cadena de restaurantes de Centroamérica, Pollo Campero), los servicios financieros y la generación de energía. Sus fundadores son las familias Bosch-Gutiérrez y Gutiérrez-Mayorga, dos de las más poderosas y adineradas del país. Aunque Renace recibió en 1991 la concesión para usar 40 km del río Cahabón por 50 años, no fue hasta el 2004 que se terminó la construcción de su primera presa y pudo empezar a generar energía.
Desde entonces, el proyecto se ha ampliado hasta tener cuatro fases (Renace I, II, III y IV) y desde el 2015 tienen el permiso de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) de Guatemala para construir una quinta fase. Actualmente, la empresa tiene capacidad para generar hasta 306 megavatios, lo que supone un 16% de toda la demanda energética del país centroamericano.
Las cuatro fases de la hidroeléctrica funcionan “en cascada”, lo que quiere decir que el agua que entra en Renace I, pasa por las distintas fases, y vuelve a salir al cauce natural del río después de pasar por la sala de máquinas de Renace IV. Según un informe de la empresa, esto hace que todo el sistema sea más eficiente y que el impacto ambiental sea menor.
Renace, contrario a la imagen que se tiene de las hidroeléctricas, no cuenta con represas. El complejo funciona, en cambio, con un sistema de pequeños embalses artificiales. El agua llega hasta estos embalses y se transporta hasta las salas de máquinas a través de largos canales de cemento que pasan a orilla del río y bajo tierra durante buena parte del trayecto. Estos túneles por donde ahora pasa el río Cahabón son obra de la empresa COBRA Instalaciones Hidráulicas, del grupo ACS de Florentino Pérez, a quien la CMI adjudicó las fases dos, tres y cuatro de este proyecto, que empezaron a construirse en 2011.
“En teoría ellos están dejando el 10% del caudal sobre el cauce natural. O sea que se están llevando el 90% en estos canales. En época de verano aquí eso está totalmente seco”, dice Melvin Picón, agrónomo y técnico en recursos naturales, miembro del Consejo de Pueblos de Tezulutlán (CPT), una de las principales organizaciones indígenas de la zona de Alta y Baja Verapaz. Mientras habla, Picón muestra en la pantalla de su ordenador el archivo de Google Earth donde ha ido apuntando los hallazgos de sus investigaciones personales sobre Renace.
— ACS fue contratada para hacer toda la obra de túnel y la obra civil bajo la montaña — explica Picón — Era su especialidad. Aquí va un canal con el agua que retuvieron atrás y después entra al túnel. Más adelante desaparece el canal.
— ¿Hay momentos del año en que estos canales tengan exceso de agua?
— Sí, en invierno. Por eso construyen estos embalses. Después de cada turbina del proyecto anterior hay un embalse del siguiente proyecto. Entonces vuelven a represar y acumular agua y se la llevan, desde Renace I hasta Renace IV.
Sin embargo, el complejo hidroeléctrico no es capaz de mantener un ciclo constante de agua hasta la última fase del complejo. Por eso, Renace ha tenido que desviar uno de los afluentes del Cahabón, el río Canlich, para poder mantener las cuatro plantas en producción. “Ellos tienen un problema y es que se basaron en estudios de caudales de la década de los sesenta. Asumieron que el cauce natural del Cahabón les iba a proveer toda el agua para producir toda la energía que estaban planificando. Pero se dieron cuenta que ya no les daba a basto”, afirma Picón, mientras muestra en su ordenador imágenes de la visita de campo que hizo junto a un compañero y representantes de las comunidades a la zona del Canlich que está después del embalse de Renace IV. El caudal está completamente seco y en lo alto, a un lado de donde debería pasar el agua, está el canal por donde pasa ahora el torrente del río.
Picón muestra en un archivo de Google Earth cómo la empresa ha tenido que desviar el Canlich, para poderlo desembocar en la parte del río Cahabón donde a ellos les interesaba, donde tienen la sala de turbinas de Renace IV. El mapa que muestra está plagado de líneas y puntos. Desde hace un tiempo, distintas organizaciones como el CPT y la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA) han trabajado juntos en una investigación sobre unas tierras que pertenecían a una cooperativa indígena y que pasaron a manos de un testaferro de Renace. Representantes de la cooperativa le pidieron a Picón que averiguara cómo se había dado la compraventa de estas tierras, ya que sospechan que se pudo haber dado ilícitamente, a través de engaños y sin la autorización de todos los miembros de la cooperativa.
— Hemos estado observando cómo ha sido la dinámica de instalación y el desarrollo del proyecto Renace en San Pedro Carchá — apunta Picón — . Estamos intentando indagar cómo es que penetró la empresa y se estableció en el territorio.
— ¿Y, de momento, qué es lo que han encontrado?
— Encontramos que hubo cooptación de algunos líderes de las comunidades, para convencerlos que vendieran las tierras. También hubo falsas promesas. En algunos casos la empresa aseguraba que si las comunidades permitían que se instalen los proyectos iban a tener energía eléctrica sin costo. Ese es el discurso de Renace, ofrecer beneficios como agua domiciliar, carreteras, centros de salud, ampliación de escuelas. Ofrecieron toda una amalgama de servicios sociales dentro de las comunidades que ahora nosotros nos damos cuenta que no existen.
El aprovechamiento de la pobreza
Renace afirma tener la aceptación de las 29 comunidades de San Pedro Carchá que se encuentran en lo que ellos denominan como su zona de influencia, según lo que publican en su página web. “Estamos dando acompañamiento y beneficiando a más de 21.000 personas a través de nuestros Programas de Desarrollo Social Sostenible”, asegura la empresa en una publicación que está acompañada por fotografías de niños sonrientes o de mujeres con vestimenta típica q’eqchi’ trabajando en una sala de ordenadores.
Además, resaltan que la empresa genera hasta 15.000 empleos temporales y rotativos en el municipio y que han construido y mantenido 93 km de caminos, reforestado 46 hectáreas, retirado diez toneladas de desechos del río e incluso se adjudican la reducción en un 32% de la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, la disminución de embarazos adolescentes en un 46% y el incremento de un 15% en la reinscripción escolar en primaria y educación básica. Sin embargo, según Picón este tipo de programas sociales en realidad son mínimos y se han hecho con el objetivo de conseguir la aceptación de ciertas comunidades de la localidad, a través de trabajos precarios y con la intención de hacerse con las tierras de los indígenas.
La realidad es que las cosas no han mejorado mucho en San Pedro Carchá desde que llegó Renace. Alta Verapaz, la región donde se encuentra el municipio, es el departamento de Guatemala con un mayor índice de pobreza: 83.1%. Pero lo más preocupante es que el 53.6% de la población de esta región se encuentra en pobreza extrema, más del doble del promedio nacional. Los más afectados son los indígenas, que representan el 93% de toda la población de Alta Verapaz. En un contexto como este, donde además el alfabetismo llega hasta el 63% y el promedio de escolaridad es de 4 años, empresas como Renace pueden penetrar fácilmente en el tejido social prometiendo empleos, aunque estos sean precarios, y supuestas mejoras en sus condiciones de vida, aunque este progreso no se materialize.
El delegado departamental de la Procuradoría de los Derechos Humanos (PDH), Carlos Alberto Guillermo, señala que desde que se instaló el complejo hidroeléctrico han recibido varias denuncias sobre algunos conflictos entre trabajadores de Renace y personas que viven en las comunidades. Situaciones de violencia que se generan tanto de un lado como del otro. Representantes indígenas amenazados por trabajadores o trabajadores retenidos por la fuerza por gente que se opone a las hidroeléctricas, por ejemplo.
Guillermo explica que los conflictos con Renace empezaron cuando el proyecto se amplió a su segunda fase. “Renace I no tuvo problemas, porque se construyó dentro de una propiedad privada que era de ellos. Pero luego empezaron a comprar tierras a la gente de las comunidades”, asegura el delegado de la PDH. Según Guillermo “existió una manipulación engañosa”, pues nunca se informó a la población de las comunidades que sus tierras se iban a usar para construir una hidroeléctrica, sino que se las compraban con la promesa que las iban a dedicar a ganadería o a cultivar café.
Además, la empresa les ofrecía precios exagerados por propiedades que antes se cotizaban en un valor muy bajo. Según el delegado de la PDH, la población lo vio como una oportunidad para aliviar su situación, pero sin saber las consecuencias o el uso que le iban a dar a ese recurso. “Eso, para mí, es lo que yo llamo el aprovechamiento de la pobreza”, afirma Guillermo. Personas que ganaban 20 o 25 quetzales al día, ahora ganan 90 quetzales al día por trabajos que consideran que no son fuertes. “Hay muchos en la carreteras que solo están con un banderín. Pero turnan a las comunidades, entonces un mes trabaja un grupo, otro mes otro grupo, y así los llevan para mantener, con el pretexto del tema laboral, una tranquilidad en su entorno”, explica el delegado de la PDH.
Aún así, gran parte de la población sigue sin tener acceso a recursos básicos, como energía eléctrica. En la mayoría de poblaciones indígenas, además, hay escasez de agua en condiciones de consumo humano. De hecho, en Alta Verapaz, menos de la mitad de la población tiene acceso a agua potable o incluso simplemente a agua por tuberías, dentro o fuera de la vivienda. En muchas comunidades ni siquiera hay un pozo o chorro de agua público en el que la población pueda abastecerse. Además, en esta zona de Guatemala más del 75% de las personas vive en zonas rurales, donde el acceso a electricidad es prácticamente nulo.
En las comunidades de San Pedro Carchá los únicos locales con acceso a electricidad son las iglesias y tampoco en todos los casos. La mayoría de las personas sobreviven a base de generadores o paneles solares, pero no todos los habitantes de estas comunidades se lo pueden costear. Por contrapartida, Alta Verapaz es el departamento de Guatemala con mayor cantidad de hidroeléctricas aprovechándose de sus recursos naturales: hay 32 proyectos hidroeléctricos. Pero su población no parece verse beneficiada. “No es solo el uso de los recursos naturales lo que genera conflicto, sino el abuso de los recursos naturales. También tiene que ver con el irrespeto a la población de las comunidades y especialmente a la población indígena que no es consultada antes que se instalen estos proyectos”, asegura el delegado departamental del PDH.
Se contactó tanto con Renace, como con ACS y CMI, para obtener su versión de los hechos; pero al cierre de esta pieza ninguna de las empresas había respondido a las distintas peticiones de información.
Organizando la consulta
Cuando Ical llega a Pansamalá, ya hay unas 150 personas esperándole frente a la escuela. Hombres con ropa de trabajo, mujeres cargando a sus bebés en brazos, ancianas, ancianos, niños y niñas. En el momento que la ven llegar al lugar de la reunión, la gente se pone de pie y aplaude. Uno de los líderes de la comunidad le cede inmediatamente el micrófono a Ical. El equipo de sonido está conectado a unas baterías pequeñas, como de coche, porque en toda la comunidad no hay electricidad. A lo largo de la asamblea, de hecho, tendrán que cambiar la batería un par de veces.
La líder q’eqchi’ ha venido hasta aquí para explicarles todo el proceso del amparo que ha presentado contra Renace. Ical muestra a su público una copia de la sentencia dictada por la CSJ, en la que obliga al Ministerio de Energía y Minas (MEM) a realizar una consulta a las comunidades de San Pedro Carchá que viven en la zona de influencia de Renace. Y también cuenta a la población de Pansamalá que, ya que la CSJ decidió no paralizar el funcionamiento de Renace, ha decidido presentar un recurso de apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para pedir que se desmantele el complejo hidroeléctrico, por haber vulnerado el derecho del pueblo q’eqchi’ a una consulta previa, libre e informada.
La gente pregunta y transmite sus inquietudes a la abogada. Los líderes de la comunidad también intervienen en algunos momentos. Toda la asamblea se desarrolla en lengua q’eqchi’, pero se logran distinguir algunas palabras en castellano: amparo, corte suprema y Florentino Pérez, a quien la gente de todas estas comunidades señalan como el culpable de la construcción de la hidroeléctrica. Cuando termina la asamblea, todos los presentes pasan a firmar o a poner su huella en el acta de la reunión. Es un proceso que las comunidades indígenas de Guatemala repiten cada vez que se reúnen, para que quede demostrado que las decisiones que toman las comunidades son por consenso.
Así como en Pansamalá, Ical realizará asambleas con buena parte de las comunidades afectadas por Renace, con el apoyo de las organizaciones indígenas como el CPT y ASECSA. En su tiempo libre, la líder y abogada se subirá a la pickup y recorrerá horas y horas las calles empedradas de las cerca de 400 comunidades de San Pedro Carchá para invitar al pueblo q’eqchi’ a exigir su derecho a ser consultados. Su objetivo es organizar un consejo de coordinación de la consulta, con la presencia de representantes de las distintas comunidades, para evitar que el Gobierno y la empresa organicen la consulta a su manera, como ha pasado en otros casos.
En 2017, las comunidades de Santa María Cahabón (Alta Verapaz) realizaron una consulta sobre el funcionamiento de la hidroeléctrica Oxec en su territorio, pero esta no fue reconocida por el Estado, ya que el MEM había organizado su propio proceso con un grupo reducido de las comunidades y con miembros de la empresa. Hoy en día el proyecto hidroeléctrico sigue funcionando y el promotor de la consulta, Bernardo Caal Xol, se encuentra en la prisión.
“Nosotros lo vamos a diseñar. Y las comunidades también le van a decir a los que van a estar en esa mesa: “así lo queremos”, porque así estamos acostumbrados a hacerlo”, asegura Ical. En su página web, la empresa defiende que no se realizó la consulta porque la autorización para construir la hidroeléctrica la recibieron en 1991, cuando el Convenio 169 de la OIT aún no había sido ratificado por el Estado guatemalteco (se ratificó en el 1996). Aún así, las comunidades que se resisten al funcionamiento de Renace en su territorio argumentan que en el 1991 se dio la concesión del uso del río Cahabón, pero las licencias ambientales y de construcción de las distintas fases del proyecto se otorgaron en años posteriores, con lo cual se tendría que haber realizado una consulta previa y se deberían suspender las licencias hasta que esta consulta no se haga.
La líder q’eqchi’ espera que la CC haga un dictamen favorable de su recurso y ordenen desmantelar el complejo hidroeléctrico. La primera vista pública ante la CC se celebró el pasado 23 de octubre. Ical acudió acompañada de representantes de las distintas comunidades en resistencia contra la hidroeléctrica. “Aquí no estamos jugando. Esto no es un juego. No se trata de quedar bien en una mesa porque vamos a tomar café o chocolate. Porque nos van a llevar en buenos carros o nos van a llevar en buenos hoteles. Aquí, lo que está en juego es la vida. No solo del río, también del pueblo q’eqchi”, afirma Ana Rutilia Ical.
Este reportaje forma parte del proyecto ‘L’Aigua és Vida’, de AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes, que ha recibido el apoyo de la Beca DevReporter 2019, impulsada con financiación del proyecto Frame, Voice, Report! de la Unión Europea, LaFede.cat, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y el Ayuntamiento de Barcelona.
