Crónica del asesinato de Sebastián Alonso Juan
Por: Francisco Simón Francisco y Carlos Gerardo González.
La microrregión de Ixquisís (de aquí en adelante, Yichk´isis), está ubicada al Norte de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, y es fronteriza con México. Es una región vital en ríos, montañas, y posee una cultura diversa; poblada históricamente por grupos los étnicos y maya hablantes chuj, q´anjob´al, akateco y mestizo. Actualmente la microrregión de Yichk´isis está conformada por ocho aldeas y tres caseríos que han realizado una relación ancestral y armoniosa con los elementos del territorio. La región ha sido caracterizada por los comunitarios como el corazón de los ríos y forma parte importante de un corredor biológico.
Hoy en día, el escenario de las dinámicas sociales y culturales de esta región ha sido alterado desde la llegada de las operaciones de la empresa Promoción de Desarrollo Hídrico, S.A. (PDHSA), una empresa con representación nacional vinculada a capital transnacional que ofrece proyectos de supuesto desarrollo que disfrazan engaños y mentiras. La región ha sido marginada por el Estado, históricamente ha sido una región con poca presencia estatal en servicios como educación, salud, infraestructura, etcétera. La presencia estatal se ejerce a través del Ejército, desde la imposición de un destacamento militar ubicado en el interior de los terrenos de la empresa PDHSA durante el gobierno de Otto Pérez Molina en 2014. Lo mismo ocurre con la Comisaría 43–75 de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los vecinos reconocen que los permanentes problemas ocurridos en la región han sido provocados y manipulados por la misma empresa, para desacreditar la movilización de la gente en oposición a las tres hidroeléctricas. Desde que comenzó sus operaciones en esta región la división comunitaria se fue consolidando bajo mecanismos de amenazas, intimidaciones, persecución judicial, asesinatos y detenciones arbitrarias. Los comunitarios consideran inaceptable que se sigan construyendo las hidroeléctricas y que puedan operar en esa región. A criterio de ellos, desde el inicio lo han hecho de manera ilegítima. Cuando se autorizaron las licencias de estas hidroeléctricas, ni el Estado, ni la empresa, ni el alcalde municipal, Andrés Alonzo Pascual en 2009, tomó en cuenta si los pueblos que habitan esta región estaban de acuerdo o no con la operación.
A mayor organización y movilización de las comunidades en oposición a la instalación de esta empresa, mayores fueron las reacciones de la misma, durante ocho años los vecinos han sufrido la dinámica de violencia con la que operan los empresarios.
Qué fue lo que realmente pasó el 17 de enero 2017 en Yichk´isis
Para los habitantes de la microrregión de Yichk´isis, en San Mateo Ixtatán, el 2017 tuvo un inicio trágico. El 17 de enero, pobladores de 18 comunidades nuevamente manifestaron pacíficamente su desacuerdo con la presencia de la empresa PDHSA en la región norte del municipio. Durante varios días previos al 17 de enero, se organizaron y planificaron entregar un nuevo memorial a la empresa, al destacamento militar y a la comisaria de la PNC.
Desde las primeras horas de la madrugada del martes 17 de enero, llegaron a Pojom las delegaciones de comunitarios. La manifestación era pacífica y tuvo una asistencia de más de dos mil personas. Comenzó a las nueve de la mañana, en medio de un ambiente tranquilo. El día era soleado. Como estaba previsto, los manifestantes se reunieron en el campo de futbol para discutir varios elementos de la planeación y logística. El objetivo de los comunitarios era instalar un plantón permanente, parecido a las resistencias pacíficas La Puya en Guatemala, El Escobal en San Rafael Las Flores, Casillas en Santa Rosa, San Juan Sacatepéquez o Nuevo Amanecer en Barillas.
Al finalizar la reunión previa, salieron caminando desde el campo de futbol a las 12:45 de la tarde. Caminaron por la carretera comunal rumbo al lugar en donde la empresa PDHSA estaba construyendo el canal para desviar el río Ixquisís. En la marcha iban ancianos, mujeres, niños, jóvenes. Llevaban un altavoz por el que expresaban sus reclamos y reivindicaciones, también gritaban consignas de rechazo a la empresa. Luego, de revisar el avance de la construcción del canal, se dirigieron al embalse para verificar los avances del proyecto; eso les llevó varios minutos. Llegaron a la entrada principal antes de las dos de la tarde. A las dos y cuarto los comunitarios comenzaron a salir del túnel que la empresa también está construyendo y observaron algunas anomalías cerca de la manifestación.
Un pequeño grupo de personas con pasamontañas había atravesado las mallas del campamento de la empresa y comenzaba a quemar la maquinaria. Los testigos que participaron en la manifestación señalan que se trataba de infiltrados, y existe una alta posibilidad de que sean los mismos trabajadores de las empresas de seguridad que brindan ese servicio en las instalaciones de la PDHSA. Lo primero que se observó fue el humo negro que provenía del campamento de la maquinaria.
De lejos, desde la distancia de la movilización se lograba ver a aproximadamente 20 personas, en medio del campamento y la frontera con México, porque la finca se encuentra entre la carretera comunal en Pojom y la frontera con México. Los comunitarios lograron ver que estos encapuchados estaban mal escondidos detrás de unos matorrales. Según testigos, también se trataba de trabajadores de la empresa, posiblemente apostados ahí con anterioridad.
Los comunitarios saben que la empresa logra tener información sobre las movilizaciones. El destacamento de la PNC que se encuentra dentro de las finca de PDHSA envió un informe a la dirección de la PNC en Huehuetenango en el que afirmaron que el 14 de enero, a las diez de la noche, un grupo armado que identificaban como la guerrilla mexicana del EZLN ingresó por territorio mejicano hasta la entrada principal de la finca Ixquisís, que es la misma finca de la empresa PDHSA, a escasos 600 metros de la Comisaría 43–75 y del destacamento militar (prácticamente a dos minutos de camino de las fuerzas de seguridad) sin que se dieran cuenta; y colocaron una manta con un mensaje para que se retirara la PNC, el Ejército y la empresa en 24 horas.
Los agentes de la Policía informaron a Huehuetenango que encontraron la manta hora y media después de la llegada del grupo guerrillero mexicano. Al final del informe confirmaban que los vecinos que se oponían a las hidroeléctricas en San Mateo Ixtatán formaban parte del grupo armado y que el lunes 16 de enero realizarían una acción en la finca Ixquisís. Con esta información pedían refuerzos a la cabecera departamental y preparaban el escenario de lo que ocurriría durante la movilización del 17 de ese mes.
El ataque armado contra la movilización
De la zona boscosa se comenzó a escuchar el ruido seco de los disparos de las escopetas. La manifestación se salió de control, y los comunitarios de Bella Linda decidieron regresar a su aldea. La mayoría de personas ya había cruzado el puente sobre el río Negro regresando de la movilización.
Después de eso, los paramilitares que estaban escondidos entre los árboles dispararon sus armas de fuego al aire. Algunos tenían el rostro cubierto, otros no. Tras los disparos, la manifestación se volvió un caos. Las personas ya no sabían qué hacer, si esconderse o regresar al área del embalse, o continuar caminando hacia el pueblo. Muchas personas corrían por la Franja Transversal hacia Yalanwitz. Por esta ruta venían seis patrullas de la Policía Nacional Civil. Los más jóvenes llegaron con mayor rapidez para resguardarse de los disparos. Mujeres y niños gritaban del terror. Las patrullas de la PNC dispararon también y esto generó más caos aún.
Después de eso, los paramilitares abrieron fuego en contra de los manifestantes. Algunos de los agresores avanzaban gateando, otros iban agachados y disparando constantemente. Era evidente que tenían algún tipo de formación militar.
Varios periodistas de Prensa Comunitaria estuvieron durante la movilización y también en el momento del ataque armado desde las instalaciones de la empresa. Estuvieron bajo el fuego de las armas del grupo paramilitar. Uno de ellos, el periodista Santiago Botón, reconoció el sonido de los disparos: no eran armas de escopeta que pudieran tener agentes de seguridad, estaban usando fusiles militares.
La población buscaba un lugar dónde protegerse. El resultado de los ataques fue la muerte de Sebastián Alonso Juan, que con sus 72 años de edad, se hizo presente para acompañar a su comunidad y manifestar su descontento por la empresa. El ataque armado ocurrió a escasos 10 minutos del destacamento militar y de la Comisaría de la PNC. Las fuerzas de seguridad nada hicieron por proteger a la población.
Don Sebastián Alonso era originario de la aldea Yulch´en Frontera, ubicada en la frontera entre México y Guatemala. Para personas de la tercera edad, como él, la huida de las balas se tornó complicada. Su hijo trató de levantarlo y pidió auxilio. Aproximadamente a 15 metros del herido había un autopatrulla, sin embargo, los policías no acudieron a ayudarlo. Como seguían disparando, el hijo de Sebastián Alonso siguió corriendo. Quería regresar a auxiliarlo pero alguien que huía con él lo persuadió de seguir hacia el campo de futbol para resguardarse, porque las balas seguían surcando el aire. Él gritaba, mientras corría, y pedía auxilio. Le prestaron un teléfono celular y llamó a su familia para contarles lo sucedido.
Hora y media hora después, la familia fue a auxiliar al herido. Tuvieron que enfrentar el miedo y pasar frente a la seguridad de la empresa. Se transportaban en un vehículo familiar. Al llegar al sitio donde antes había una multitud de personas manifestándose, encontraron a don Sebastián Alonso agonizando. Estaba tendido a poca distancia, diez metros a lo sumo, del río Negro. Uno de los ríos por cuya defensa él se manifestaba. Los disparos le impactaron por la espalda, mientras intentaba huir del ataque armado.
Al llegar al lugar, los familiares afirman que miembros del Ejército les dijeron que podían hacer lo que quisieran, que si querían “quemar la maquinaria de la empresa”, que lo hicieran, y que ellos no se iban a meter. Sebastián Alonso estaba tendido sobre la tierra. Lo subieron al vehículo para transportarlo al centro de salud de Barillas, pero murió durante el viaje, a las seis de la tarde con dieciocho minutos, cuatro horas después de haber sido herido. Mientras la población encontraba refugio, los comunitarios vieron al grupo paramilitar acercarse al herido. Don Sebastián tenía heridas de bala en el abdomen y un disparo en el cráneo. Lo más terrible es que fue acuchillado mientras quedó tendido en el suelo cerca de la empresa. Recibió un machetazo en la parte derecha de la cara y lo patearon en los ojos (según los testimonios de varios de los familiares). La familia lo transportó en el carro de su yerno.
Fiscales del Ministerio Público (MP), de la Oficina del Alto Comisionado (OACNUDH) y de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) recomendaron a la familia trasladar el cuerpo de don Sebastián a la sede del Inacif de Huehuetenango. Viajaron desde Barillas hacia la cabecera departamental y llegaron aproximadamente a las siete de la mañana del 18 de enero, para ingresar su cuerpo al Inacif.
El 19 de enero, en medio de una gran expectativa en los municipios del norte de Huehuetenango, esperaron a que sus restos fueran entregados de nuevo a la familia. Ellos esperaban en el Inacif de Huehuetenango. En cada municipio la gente salió a esperar la llegada del cuerpo e hicieron distintos actos de homenaje.
Lo recibieron a su paso por San Juan Ixcoy. En el Salón municipal de Santa Eulalia, lo recibieron las autoridades ancestrales; luego a su llegada a San Mateo Ixtatán y finalmente a su aldea en Yichk´isis. Fue enterrado el 20 de enero de 2017, con el dolor y la indignación de su familia, sus seres queridos y los comunitarios en San Mateo Ixtatán.
Quienes estuvieron ahí llegaron a la conclusión de que los disparos venían de la seguridad privada de la empresa. Los familiares de la víctima recibieron amenazas de asesinato y captura si abrían una investigación en el MP y si se llegaba a procesos penales para capturar a los responsables del asesinato y de los disparos el 17 de enero.
Lo más extraño es que las fuerzas de seguridad que se encontraban en el lugar, no hicieron nada para detener los daños a la maquinaria de la empresa. Los agentes de la seguridad privada y el mismo grupo paramilitar que se encontraba escondido dentro de las instalaciones de la empresa tampoco hicieron nada por proteger la maquinaria; al contrario usaron sus armas para atacar a la manifestación.
Antecedentes: la presencia de la empresa y la consulta comunitaria
La conflictividad social generada por la presencia de la hidroeléctrica no es nueva. Se ha construido a través de una larga historia de desacuerdos, pugnas y abusos, que comenzaron en 2009. Ese año se realizó una consulta comunitaria a nivel municipal en la que los comunitarios de Yichk´isis negaron de forma rotunda cualquier licencia de reconocimiento, exploración y explotación minera en esa región del país (Rivera, 2017).Las comunidades de la microrregión de Yichk´isis llevan ya varios años de lidiar con un vecino incómodo, que planea instalar tres megaproyectos de generación de electricidad. Uno de ellos es Pojom II, frente a cuyas instalaciones sucedió el ataque armado y el asesinato de Sebastián Alonso Juan.
La microrregión de Yichk´isis es una de las más vulnerables ante el desarrollo de este tipo de proyectos. Por estar ubicada lejos de los núcleos urbanos, Yichk´isis tiene poca densidad poblacional. Además de este factor, está la imposición del destacamento militar dentro de las instalaciones de la empresa hidroeléctrica más la instalación de una nueva comisaría de la Policía Nacional Civil, también dentro de las instalaciones de PDH, S.A. Por último, las características territoriales y geográficas hacen que su accesibilidad sea difícil.
A lo largo de la historia reciente, la conflictividad social en Yichk´isis ha atravesado por diversos momentos y niveles de agresión. Pero se podría establecer como punto de partida el año de la consulta comunitaria. A pesar de su resultado negativo, la empresa utilizó la estrategia de dividir a la población y comprar voluntades. Las intenciones de la empresa de operar en la microrregión han sido respaldadas por diversos niveles de violencia y represión, que incluyen la criminalización de la protesta social y la persecución política contra líderes comunitarios que se oponen a sus intenciones. Incluso, la empresa ha movilizado a grupos de personas que fueron paramilitares durante la Guerra Interna y que conviven en la comunidad en la actualidad.
