COVID-19: Crónica de las maniobras del poder (parte I)
Por Andina Ayala
Todo inició el 6 de marzo de 2020, cuando el presidente Giammattei declaró a Guatemala en estado de calamidad pública. Oficialmente no se había anunciado casos confirmados con COVID-19, pero con dicha disposición se autorizó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), recibicir donaciones.
El estado de calamidad es un mandato establecido en la Ley de Orden Público de Guatemala, que entre otras cosas permite al gobierno regular algunos derechos como el de la libertad de locomoción. La medida está descrita en el acuerdo gubernativo 5–2020 y fue ratificada el 12 de marzo con el voto favorable de 115 diputados por medio del Decreto 8–2020.
El 13 de marzo de 2020, el gobierno de Guatemala anunció el primer caso con la enfermedad COVID-19. Esto generó zozobra, porque en el vuelo de la persona detectada, venían otros 33 extranjeros, dos habían quedado pendientes de localización.
Desde entonces, el presidente asumió el papel de vocero de la crisis, monopolizando la información, dejando en segundo plano a el ministro de salud, Hugo Monroy.
El canal oficial para periodistas administrado por la comunicadora de la cartera, Ana Lucía Gudiel, demora varias horas o días en responder.
Esto fue llevado, a la Defensoría de delitos contra periodistas de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). Marvin del Cid un reportero con más de 15 años de experiencia, investigó Ana Lucía Gudiel. Después, ella publicó un comunicado personal arremetiendo contra el periodista. Lo acusó de acoso psicológico y ataque mediático.
Esto, no ha cambiado el mecanismo de la comunicación oficial. Al presidente, se le ha visto al menos dos veces al día en redes o televisión, no da conferencias de prensa, solo emite mensajes y proporciona pocos detalles.
Ese primer día de medidas de prevención, contradiciendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) le dijo a los guatemaltecos que podían ir a la playa. También dijo que la pandemia no iba a ser más que una gripona.
Tres días después, el 16 de marzo, el mandatario pareció haber cambiado de opinión y realizó una cadena nacional con la que explicó, con estadísticas el impacto del virus SARS-cov-2. Le recordó al país que se mantenía en estado de calamidad hasta el 31 de marzo de 2020, y que quedaba restringida la libertad de locomoción después de las nueve de la noche.
Entonces, aumentaron las restricciones a nivel nacional, se suspendieron todas las actividades públicas y de cualquier número de personas. Se cerraron las fronteras terrestres y vuelos internacionales. Las empresas que no estaban dentro de la producción o cadena de suministros alimenticios, médicos, bancarios y de telecomunicaciones, debían paralizar labores.
El inicio del manejo de la crisis fue lesivo para las clases sociales más vulnerables. Desde mensajes contradictorios como el de ir al cine, o minimizar la gravedad la enfermedad, hasta la suspensión de transporte urbano y extraurbano, sin prever que esto aumentaría hasta 10 veces el costo de movilidad.
Aunque cancelaran los vuelos internacionales, Estados Unidos, a la fecha, sigue deportando guatemaltecos.
Empresarios reniegan la crisis
Ante el llamado presidencial a suspender actividades económicas el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se mostró hegemónico, consiguió que las maquilas y las empresas de servicio al cliente (call centers) siguieran laborando -aunque no se inserten en el marco de servicios básicos-. También pretendió seguir su propia ruta de emergencia y seguridad, pero las denuncias no se hicieron esperar.
En redes sociales, se formó una avalancha de solidaridad, que exigía al gobierno sancionar a las empresas que no cumplieran. Prensa Comunitaria recibió al menos 45 denuncias anónimas en el transcurso de 3 días, del 17 al 19 de marzo. El impacto fue tan grande, que Facebook bloqueó varias de ellas.
https://www.facebook.com/search/top/?q=prensa%20comunitaria%20promerica&epa=SEARCH_BOX
Las voces digitales asalariadas, se quejaron de estar siendo obligados a trabajar sin implementos de seguridad, cosa que ya había prometido el CACIF. De que los gerentes administrativos estaban cobrando el aislamiento nacional a cuenta de su derecho a vacaciones, y de que las empresas accionaron despedidos sin justificación. El gobierno realizó algunas acciones a través del Ministerio de Economía y la Dirección de Atención al Consumidor (DIACO).
En plena crisis de salud, primero el pacto de corruptos
El miércoles 18 de marzo, el Congreso de la República decidió nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), una movida que indignó a la población que consideraba que era momento de hablar del acceso a la salud.
Este mismo día, Alejandro Giammattei visitó el hemiciclo para entregar personalmente el Plan de Reactivación Económica para enfrentar el Coronavirus en Guatemala. Solicitó: una ampliación presupuestaria de Q7 mil millones. Destinados a apoyar directamente a las empresas. Un préstamo de $200 millones al Banco Mundial, y otro de $193 millones de dólares Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La aprobación de las reformas a la Ley de Bancos y un decreto temporal para regular el Impuesto de Solidaridad (ISO).
El 20 de marzo, día en que asumió el cargo, la nueva junta del TSE decidió suspender la cancelación de partidos políticos, los procesos de multas e informes financieros. Evidenciando, por qué el Cogreso se apresuró a titularlos.
Primera lista de deseos: consenso público-privado
El 21 de marzo, el sector empresarial había llegado a un consenso, cuando la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) en conferencia de prensa, llamó a las empresas a cerrar temporalmente sus negocios.
El domingo 22 de marzo, el presidente estableció un toque de queda nocturno (16:00 horas a las 4:00 a.m.) reglado en el acuerdo 6–2020, pero que quedó, abierto a modificaciones. En otros países como El Salvador esta medida no ha sido complaciente con el sector privado y guardan un aislamiento absoluto. En Guatemala, con el toque de queda, se aprovechó para incluir al sector minero dentro de las empresas que pueden seguir operando.
https://twitter.com/DiariodeCA/status/1241746490701287426
La falta de determinación del gobierno por implementar medidas estrictas, aumenta el riesgo de contagio. Hasta el día de hoy, una de las interrogantes negadas en el canal de comunicación de MSPAS es ¿cuántas pruebas realizan al día?
El 23 de marzo, la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), anunció nuevas medidas para el sector privado. La exoneración total del pago por tres meses de: Intituto Técnico en Capacitación y Productividad (Intecap), Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) y el IGSS.
Prorrogar los pagos del Impuesto de Solidaridad (ISO) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en cuotas proporcionales, la exoneración del impuesto de turismo por el resto del año y el pago del Bono 14, diluido en tres cuotas.
Minutos después, el Gobierno en un mensaje presidencial, les concedió algunas de ellas. Por medio del acuerdo 1472–2020 se estableció entre otros beneficios, postergar el pago del sector privado sobre las cuotas de marzo a mayo, de IGSS, sin mora, ni intereses ni gastos administrativos.
Segunda lista de deseos
El 24 de marzo, por la mañana directivos de Bancos y grupos financieros, el ministro de finanzas públicas y el presidente Alejandro Giammattei, dieron a conocer otras medidas económicas que, según ellos, buscan beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Estas fueron: aplazar el vencimiento del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el vencimiento al Impuesto al Valor agregado (IVA) y suspender procesos de auditorías y fiscalizaciones para el 15 de abril de este año. Las retenciones de ISR y el IVA de marzo de 2020 se corrieron para al 28 de abril, y 6 de mayo respectivamente. Y Banco de Guatemala, prometió inyectar Q108 millones, a las agencias bancarias, para asegurar la liquidez y solvencia financiera.
Puedes leer: https://medium.com/@PrensaComunitar/gobierno-anuncia-m%C3%A1s-medidas-econ%C3%B3micas-e44152cba5a
Lo que el Congreso aprobó
Los diputados casi se quedan a dormir dentro del Congreso, luego de haber sesionado de manera continua del 24 al miércoles 25 de marzo. Aprobaron el Decreto 12–2020, Ley de emergencia por Coronavirus en Guatemala.
Para su cumplimiento, dieron luz verde a dos préstamos millonarios: $200 al BM y $250 millones al BCIE, que en quetzales se convirtieron en Q3,667,500,000.
El Congreso no aprobó la exoneración de agua potable y luz
A cambio subsidiarán a la empresa de energía eléctrica con Q120 millones mensuales. Las municipalidades y empresas de telefonía se comprometerán a no cortar servicios básicos y los usuarios podrán pagar hasta el 31 de diciembre de 2020 sin intereses, ni cobros por mora.
No habrá mora, multa o gastos administrativos en atrasos de cuotas de colegiaturas y universidades. Se aprobaron créditos de fácil acceso y sin restricción para las Personas Políticamente Expuestas (PPE).
Además, habrá sanciones para evitar especulaciones y medidas de monitoreo de los precios en el mercado. El MIDES y el MAGA serán los encargados de entregar cupones para alimentos. La Ley de Acceso a Información Pública sigue funcionando.
Q3.6 mil millones repartidos en…
El 26 de marzo, Alejandro Giammattei agradeció en cadena nacional la “colaboración del Congreso“. Reiteró su preocupación por el sector económico. “La situación no es complicada por el coronavirus sino por el bache económico“, dijo. Después le pidió a la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) asegurar a los trabajadores y a estos les pidió su colaboración.
La distribución de esta primera ampliación presupuestaria es:
· Q1,417 millones para saldar sueldos de instituciones públicas.
· Q450 millones para sueldos y salarios por compromisos adquiridos en años anteriores del Ministerio de Gobernación.
· Q567 millones para sueldos y compromisos con el Pacto Colectivo en el Ministerio de Educación.
· Q1 mil 500 millones para el Ministerio de Salud de los que Q700 millones, para reforzar la infraestructura de hospitales, incluyendo los 5 hospitales temporales en caso de que la epidemia se extienda.
· Q700 millones para alimentación por medio de cupones para familias necesitadas y Q100 millones con los que se incrementará el 25% de ayuda a los adultos mayores a cargo del Ministerio de Trabajo.
· Q250 millones para un fondo de protección de capitales.
· Q250 millones para ayudar a microempresas y negocios vinculados al turismo
· Q400 millones para apoyo directo a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Q100 millones, para hacer las pruebas y tener laboratorios en todas las cabeceras departamentales que podrán hacerlas.
· Q400 millones del Credito Hipotcario Nacional (CHN) para ayudar a las empresas a pagar sus planillas e iniciar sus labores cuando sea posible.
· Q120 millones al mes para subsidiar a la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. y con ello beneficiar a los pobladores a pagar menos.
Fiscalización de los recursos
Sobre el préstamo, la diputada Sonia Raguay, jefa de bancada del partido Winaq, dijo: “hay que aclarar que la iniciativa de ampliación presupuestaria de Q7 mil millones que estaba solicitando el presidente es un tema distinto a la Ley de Emergencia por Coronovirus en Guatemala, esto todavía está en analisis de la Comisión de Finanzas del Congreso“.
Para el partido de Raguay, no es de entera satisfacción votar a favor del endeudamiento. Las gestiones las estará haciendo el Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas y el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) “tenemos entendido que ya disponen del préstamo solicitado al BM, ya que la legislatura anterior, lo tenía previsto para emergencias y hoy la vemos hecha realidad“.
Según la diputada, para evitar que se desvíen los fondos, “se estableció que la Contraloría General de Cuentas fiscalice el movimiento de esos recursos. El partido se compromete a hacer una fiscalización rigurosa, pero creemos que la auditoria social va a ser muy importante“.
La sociedad debe saber puede estar vigilante, conocer qué entidad va manejar los recursos. Que haya involucramiento a través de sus municipalidades y que se utilicen medios como el acceso a la información pública, apuntó.
