Acciones judiciales marcan elección de magistrados a altas cortes del país
Por Simón Antonio Ramón
El proceso elección de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones para el periodo 2019 a 2024 ha estado marcado por la judicialización de las distintas fases del proceso.
La convocatoria adelantada de la elección que hizo el Congreso el 26 de febrero, que fue anulada tras la resolución de la Corte Constitucionalidad (CC), debido a que que la Ley de Comisiones de Postulación y la Constitución establecen los plazos para realizar la convocatoria. A criterio de analistas la judicialización no ha parado, lo que puede retrasar el proceso.
Dos amparos contra comisionados de las Cortes de Apelaciones
El pasado 27 de junio, las y los magistrados de las Cortes de Apelaciones eligieron sus doce comisionados para conformar la Comisión de Postulación de la CSJ. En la elección se presentó una planilla única, que contradice a la Ley de Comisiones de Postulación y la Constitución, por lo que ha sido criticada tanto por jueces y magistrados así como también por la sociedad civil, que tiene en este momento dos amparos en los que solicitan la repetición del proceso.
La primera acción de amparo fue presentada en el juzgado quinto civil, el 26 de julio, por el magistrado Noé Ventura Loyo, quien argumentó que el proceso de elección violentó varios principios que establece la Ley de Comisiones de Postulación. De acuerdo con Ventura, no hubo convocatoria ni publicidad, ni se revisó la calidad de los abogados electos.
El 29 de julio, la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) presentó el segundo amparo contra el proceso. “Esta elección consideramos que tiene una serie de vicios que hace aconsejable y requiere la intervención de un tribunal de amparo que puede declarar sin efecto la elección y se ordena que se repita”, indicó el abogado, Elvin Díaz, quien interpuso el amparo.
El amparo presentado por FADS presenta dos argumentos: el primero, destaca que se violentó el debido proceso, la legalidad, la seguridad y la certeza jurídica. También indica que se incumplió la revisión de la idoneidad y calidades de los electos y no se observó el principio de representación de minorías que establece la Ley de Comisiones de Postulación. De la misma manera denuncia que el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones carece de legitimidad y reconocimiento constitucional y legal para realizar la elección; y en la asamblea general no se veló por el cumplimiento de la Constitución y la Ley de Comisiones de Postulación.
El segundo argumento que denunció FADS está referido a la idoneidad y honorabilidad. De acuerdo con la organización este principio fue ignorado, permitiendo la elección de cuatro de los doce magistrados cuestionados:
•Romeo Monterrosa Orellana, en 2018 fue denunciado por proteger al desestimar un antejuicio en su contra el alcalde de Jalapa, Mario Estrada; defendió a dos involucrados en el caso Parlacen, y la Convergencia por los Derechos Humanos lo tachó en el proceso pasado.
•Harold Estuardo Ortiz Pérez, está denunciado por abuso de autoridad y prevaricato por favorecer desde el pleno de la CSJ al diputado y primer vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos.
•Edwin Roberto Ruano Martínez, resolvió otorgar medidas sustitutivas a Irina y Anastasia Bitkov bajo fianza de Q 50 mil.
•Miguel Enrique Catalán Orellana, fue citado a declarar ante un juzgado por los delitos de financiamiento electoral ilícito del desaparecido partido Patriota y por el delito asociación ilícita. Su sala otorgó un amparo para detener la cancelación del partido FCN-Nación por no reportar gastos de campaña en 2015.
El abogado Díaz indicó que lo que se busca es subsanar el proceso antes de la juramentación de los comisionados por el Congreso. “Si el Congreso toma en cuenta que existen acciones de amparo habrá que ver si lleva a cabo el proceso de juramentación o bien ya juramentados puede implicar que se repita las elecciones porque el tribunal de amparo otorgue el amparo provisional y lo otorgue aconsejable”, informó Díaz.
Escenario incierto
Las acciones de amparo que se presentan antes del inicio del proceso de selección y elección de las y los futuros magistrados son pertinentes para evitar un costo alto, indicó José González de la organización Impuny Watch. “Lo más importante es que se logre depurar el proceso antes de que siga avanzando, porque si llega pasar a etapas posteriores sin que estos –amparo- se hayan resuelto, y eventualmente el proceso se tiene que retrotraer en el algún punto, el costo podría ser muy alto. No solo por la integración de los magistrados sino el resto de la comisión que habría que ver si retrotraerse y si ya emitió una opinión tendría que ver si tendría que volverse anular”, informó González.
Un amparo litigado en la CSJ y la CC, a criterio de González de Impunity Watch, llevaría mucho tiempo, tomando en cuenta la urgencia y el contexto en el que se interpone. González agrega que al no resolverse los amparos lo antes posible puede repertirse la situación del proceso de 2014, en el que se retrasó la toma de posesión de las y los actuales magistrados. “Este proceso se preveía que sería altamente judicializado. De hecho las distintas fases del proceso demostraron que hay más acciones judiciales en materia de amparo y en materia de corrección del debido proceso y en esa lógica es posible que el proceso no haya culminado con un nombramiento para el 13 de octubre”, concluyó González.
Entre los otros casos que pueden sumarse a las acciones judiciales está la implementación de la Ley de Carrera Judicial. En este proceso está la calificación de jueces que se postularán como candidatos, y si se conoce la renuncia de Silvia Valdez quien renunció el mes pasado como magistrada de la CSJ que aún no ha sido conocido en el Congreso, hará que no se logra integrar el número de comisionados de la CSJ o si se logra integrar por una persona que no llene los requisitos y el perfil idóneo.
